LA LOGÍSTICA PÚBLICA EN EL PERÚ
Ha transcurrido mucho tiempo desde que Antonio Jomini[i], por primera vez, se refiriera a la logística como la tercera parte de la guerra, consistente en el arte práctico de mover los ejércitos, los pormenores de las marchas, formaciones y el establecimiento de campamentos y acantonamientos sin atrincherar. Desde entonces, luego de haber sido adoptado en el ámbito empresarial, esta disciplina ha logrado un verdadero desarrollo conceptual; siendo reconocido en la actualidad, como la administración de los flujos de bienes y servicios y de la información asociada que los pone en movimiento. Sin embargo, la esencia de ser la ejecutora de las estrategias y las tácticas combinadas para lograr el éxito deseado, no ha variado con el tiempo.
La importancia de la logística
Michael Porter[ii], padre de la competitividad empresarial moderna, explosionó la función logística en tres actividades, ubicándolas en la cadena de valor empresarial con capacidad de sumar beneficios y restar costos, representando el 33.33% del total de actividades con estas características. Años más tarde, Porter afirmó que “En el futuro la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministro a cadena de suministro”, hecho que cada vez es más evidente. De ahí que la logística constituya en la actualidad, una de las principales preocupaciones empresariales en el ámbito privado, en tanto que en el ámbito público, particularmente en el país, al parecer no ha tenido el mismo efecto como disciplina integral que comprometa el abastecimiento, la movilización interna y hacia el exterior de los flujos de bienes y servicios Públicos; habiéndose restringido los esfuerzos únicamente a la modernización de la tecnología de las contrataciones, que por su limitada visión, fundamentalmente legalista, se encuentra mimetizado en el círculo vicioso de un activismo legislativo ajeno a una realidad social que demanda calidad, eficiencia y ética en los servicios gubernamentales.
Una realidad social con profundas brechas y paradojas, de círculos viciosos y exclusiones, al parecer no solo producto del efecto espejo de las doctrinas pragmatistas, hegemónicas de las últimas décadas, sino sobretodo, por la suma de desaciertos como Estado y como gobierno desde los albores de nuestra era republicana, de la cual somos todos responsables: unos por acción y otros por omisión. Habiendo construido en ese proceso, una cultura pragmática, mendicante, acusica y mezquina con una clarísima propensión hacia la obscenidad cortoplacista y el utilitarismo simplista, por la cual nos encontramos en una permanente lucha fratricida por la distribución de la miseria, en la que agotamos nuestras energías, recursos e imaginaciones, descubriendo o imaginando la paja en el ojo ajeno, en lugar de crear, visionar y edificar. Cultura en la cual, la confianza, valor social fundamental para la pretensión de cualquier desarrollo, resulta siendo el más escaso. En el ámbito público, la presentación 7 elaborada por la organización Ciudadanos al Día[iii], sobre la base del Informe Latino barómetro 2005 es más que ilustrativo de esta situación. La causa, probablemente sea la existencia de dos mundos en el ámbito público uno real y otro formal. Los juicios del común de la gente se sustentan por los efectos de la gestión pública en la realidad y los comportamientos de los funcionarios por las camisas de fuerza de una legalidad contradictoria, yuxta y superpuesta promotora de la desidia y la indiferencia para la supervivencia.
La logística y la Constitución Política
Ahora bien, según nuestra Constitución Política[iv] la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su Estado es uno y su gobierno unitario, representativo y descentralizado. Se organiza según el principio de la separación de poderes, diferenciándose tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Cada nivel de gobierno con autonomía[v] para normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. De manera que nuestra convivencia como nación se sujeta al ordenamiento integrado de la constitución política y las regulaciones nacionales, regionales y locales.
Nuestro análisis de la logística pública no puede sino ceñirse a ese ordenamiento. De manera que empezaremos por el análisis de la carta magna, las leyes y otras normas complementarias. En ese marco encontramos que el punto de partida es la constitución política de 1979[vi], que a nuestro entender, no solo renunció a la concepción logística sino que institucionalizó jurídicamente la desconfianza al elevar al cenit de las regulaciones un mecanismo operativo del como debe realizarse las adquisiciones y contrataciones con fondos públicos, cuando era suficiente establecer que ellas debían ser ejecutadas conforme a la ley sobre la materia, o en el mejor de los casos, que la administración de los flujos de bienes y servicios públicos debían ser ejecutadas conforme a la Ley sobre la materia.
Al parecer, el trauma dejado por más de 11 años de gobierno de facto o tal vez por la conciencia delatante de la existencia de esas dos morales paralelas la formal y la real, explique la razón de este desafortunado artículo. Sin embargo, pone también en evidencia no solo la falta de perspectiva visionaria de nuestros políticos de entonces, que dicho sea de paso reunía a lo mejor que hemos tenido hasta ahora, sino también la carencia de la entereza, la serenidad y la responsabilidad histórica, en ese entonces, asambleístas[vii], para relevarse a la inmediatez del populismo y el falaz aplauso, que abriga a los débiles de espíritu con ínfulas de grandeza.
Para 1993 los congresistas[viii], a diferencia de sus antecesores ya con conocimiento de causa sobre la importancia de la logística en las nuevas interacciones del mundo, identificado inclusive como la arteria de la economía global, se limitó a replicar en su artículo 76º la constitución de 1979; sin reparar la existencia del Decreto Ley 22056, vigente desde enero de 1978, que instituyera el Sistema Nacional de Abastecimiento, en las que estaban incluidas las adquisiciones y contrataciones, excepto el de obras públicas, como uno de sus procesos técnicos. Continuando así con el síndrome partigigantista de las contrataciones y adquisiciones, originada en la constitución de 1979.
La Logística y la era de las contrataciones y adquisiciones estatales
El 19 de junio de 1995 el pragmatismo simplista del gobierno de Alberto Fujimori, promulgó la Ley 26507, que disolvía sin alternativa para el desarrollo de la logística pública nacional, al Instituto Nacional de Administración Pública –INAP y con él a la Dirección Nacional de Abastecimiento que era el órgano rector del Sistema de Abastecimiento, instituido por el Decreto Ley 22056.
El 29 de setiembre de 1998, entró en vigencia la ley 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, al haber sido publicado el 28 de setiembre su reglamento aprobado por Decreto Supremo 039-98-PCM. Dicha legislación, excluyó al sistema de abastecimiento del Decreto Ley 22056, sin derogarlo, del proceso de contrataciones y adquisiciones del Estado. De esta manera se inició una nueva etapa para el quehacer logístico público nacional restringido a las contrataciones, con el consiguiente efecto negativo del desarrollo de procesos logísticos tan importantes como la catalogación, el mantenimiento, la logística reversa, el transporte, el almacenamiento con implicaciones inclusive en el mismo proceso de adquisiciones y contrataciones que hasta ahora no ha resuelto sus problemas de planificación y sistematización, fundamentalmente para el tratamiento de los precios referenciales.
La logística y la modernización y descentralización del Estado
El 29 de enero del año 2002, fue promulgada la Ley 27658 –Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado cuyo objeto fue establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias, identificándose a la eficiencia en la utilización de los recursos del Estado como una de sus principales acciones, por el cual debe eliminarse la duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones entre sectores y entidades o entre funcionarios y servidores. Bajo ese contexto y en el marco de la Ley 27680, que reformó el capítulo XIV de la Constitución Política de 1993, se promulgó la ley 27783 -Ley de Bases de la Descentralización con la finalidad de buscar el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población; y con el objeto de regular la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; así como definir las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. Teniendo como objetivo a nivel administrativo[ix] la modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de administración que aseguren la adecuada provisión de los servicios públicos, coincidente con las acciones previstas para la modernización del Estado.
En ese marco los sistemas administrativos, materia de modernización y de observancia obligatoria en todos los niveles de gobierno, según la misma Ley de Bases de la Descentralización[x], eran los referidos a presupuesto, tesorería, contaduría, crédito público, inversión pública, contrataciones y adquisiciones, personal y control. Como puede constatarse, aquí no aparece el sistema de abastecimiento que como el de contrataciones y adquisiciones se encontraba vigente, de lo que puede colegirse que no necesitaba ser modernizada para los fines de la descentralización.
Ahora bien, para los efectos operacionales de la descentralización resultaba indispensable que cada nivel de Gobierno tenga delimitada sus competencias, habiéndose aprobado para cada uno, su correspondiente Ley orgánica. Para el caso del Gobierno Nacional, por sus características especiales, la Ley de Bases de la Descentralización[xi] determinó que sería ejercido por el Poder Ejecutivo y consecuentemente, sus competencias y alcances estarían determinados en su Ley orgánica, que dicho sea de paso sería por la Ley exigida en la segunda disposición transitoria de la Ley Marco de Modernización de la función del Estado. De esta manera, se tiene que la ley orgánica del poder ejecutivo es la ley 29158, de los gobiernos regionales la Ley 27867 y de las municipalidades la ley 27972.
La Logística en los Gobiernos Locales
Por cuestiones didácticas, vamos a iniciar nuestro análisis de la logística pública en la legislación nacional desde el ámbito de los gobiernos locales, específicamente por la Ley 27972 -Ley orgánica de municipalidades. Nos ubicamos, en el segundo párrafo del II Título Preliminar que refiere “La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico” es decir, entre otros, la de observar las disposiciones de los sistemas administrativos previstos en la Ley de Bases de la descentralización, en las cuales, logística pública es el sistema administrativo de contrataciones y adquisiciones.
El primer párrafo del artículo 34º es la norma relacionada con las contrataciones y adquisiciones locales. La norma tiene dos párrafos. El primer párrafo, asimismo, tiene dos partes. La primera parte es congruente con el ordenamiento jurídico, en la medida que establece que éstas se sujetan a la ley de la materia. En tanto que la segunda parte, deviene en contradictoria e inaplicable, dado el carácter uniforme para la república de la Ley especializada sobre la materia[xii], que no ha considerado en ninguna de sus versiones la aspiración legislativa de trato preferencial a las empresas constituidas en la jurisdicción, con excepción del artículo 64º y 70º del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones aprobado por Decreto Supremo 013-2001-PCM con respecto al porcentaje de trabajadores a la oferta de contratar trabajadores entre los residentes de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecución en la contratación de obras publicas. El segundo párrafo, es apenas una replica, innecesaria, de la Ley especializada[xiii], que a la fecha resulta extemporánea y fuera de lugar, desde la vigencia de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1017.
La Logística en los Gobiernos Locales
Ha transcurrido mucho tiempo desde que Antonio Jomini[i], por primera vez, se refiriera a la logística como la tercera parte de la guerra, consistente en el arte práctico de mover los ejércitos, los pormenores de las marchas, formaciones y el establecimiento de campamentos y acantonamientos sin atrincherar. Desde entonces, luego de haber sido adoptado en el ámbito empresarial, esta disciplina ha logrado un verdadero desarrollo conceptual; siendo reconocido en la actualidad, como la administración de los flujos de bienes y servicios y de la información asociada que los pone en movimiento. Sin embargo, la esencia de ser la ejecutora de las estrategias y las tácticas combinadas para lograr el éxito deseado, no ha variado con el tiempo.
La importancia de la logística
Michael Porter[ii], padre de la competitividad empresarial moderna, explosionó la función logística en tres actividades, ubicándolas en la cadena de valor empresarial con capacidad de sumar beneficios y restar costos, representando el 33.33% del total de actividades con estas características. Años más tarde, Porter afirmó que “En el futuro la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministro a cadena de suministro”, hecho que cada vez es más evidente. De ahí que la logística constituya en la actualidad, una de las principales preocupaciones empresariales en el ámbito privado, en tanto que en el ámbito público, particularmente en el país, al parecer no ha tenido el mismo efecto como disciplina integral que comprometa el abastecimiento, la movilización interna y hacia el exterior de los flujos de bienes y servicios Públicos; habiéndose restringido los esfuerzos únicamente a la modernización de la tecnología de las contrataciones, que por su limitada visión, fundamentalmente legalista, se encuentra mimetizado en el círculo vicioso de un activismo legislativo ajeno a una realidad social que demanda calidad, eficiencia y ética en los servicios gubernamentales.
Una realidad social con profundas brechas y paradojas, de círculos viciosos y exclusiones, al parecer no solo producto del efecto espejo de las doctrinas pragmatistas, hegemónicas de las últimas décadas, sino sobretodo, por la suma de desaciertos como Estado y como gobierno desde los albores de nuestra era republicana, de la cual somos todos responsables: unos por acción y otros por omisión. Habiendo construido en ese proceso, una cultura pragmática, mendicante, acusica y mezquina con una clarísima propensión hacia la obscenidad cortoplacista y el utilitarismo simplista, por la cual nos encontramos en una permanente lucha fratricida por la distribución de la miseria, en la que agotamos nuestras energías, recursos e imaginaciones, descubriendo o imaginando la paja en el ojo ajeno, en lugar de crear, visionar y edificar. Cultura en la cual, la confianza, valor social fundamental para la pretensión de cualquier desarrollo, resulta siendo el más escaso. En el ámbito público, la presentación 7 elaborada por la organización Ciudadanos al Día[iii], sobre la base del Informe Latino barómetro 2005 es más que ilustrativo de esta situación. La causa, probablemente sea la existencia de dos mundos en el ámbito público uno real y otro formal. Los juicios del común de la gente se sustentan por los efectos de la gestión pública en la realidad y los comportamientos de los funcionarios por las camisas de fuerza de una legalidad contradictoria, yuxta y superpuesta promotora de la desidia y la indiferencia para la supervivencia.
La logística y la Constitución Política
Ahora bien, según nuestra Constitución Política[iv] la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su Estado es uno y su gobierno unitario, representativo y descentralizado. Se organiza según el principio de la separación de poderes, diferenciándose tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Cada nivel de gobierno con autonomía[v] para normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. De manera que nuestra convivencia como nación se sujeta al ordenamiento integrado de la constitución política y las regulaciones nacionales, regionales y locales.
Nuestro análisis de la logística pública no puede sino ceñirse a ese ordenamiento. De manera que empezaremos por el análisis de la carta magna, las leyes y otras normas complementarias. En ese marco encontramos que el punto de partida es la constitución política de 1979[vi], que a nuestro entender, no solo renunció a la concepción logística sino que institucionalizó jurídicamente la desconfianza al elevar al cenit de las regulaciones un mecanismo operativo del como debe realizarse las adquisiciones y contrataciones con fondos públicos, cuando era suficiente establecer que ellas debían ser ejecutadas conforme a la ley sobre la materia, o en el mejor de los casos, que la administración de los flujos de bienes y servicios públicos debían ser ejecutadas conforme a la Ley sobre la materia.
Al parecer, el trauma dejado por más de 11 años de gobierno de facto o tal vez por la conciencia delatante de la existencia de esas dos morales paralelas la formal y la real, explique la razón de este desafortunado artículo. Sin embargo, pone también en evidencia no solo la falta de perspectiva visionaria de nuestros políticos de entonces, que dicho sea de paso reunía a lo mejor que hemos tenido hasta ahora, sino también la carencia de la entereza, la serenidad y la responsabilidad histórica, en ese entonces, asambleístas[vii], para relevarse a la inmediatez del populismo y el falaz aplauso, que abriga a los débiles de espíritu con ínfulas de grandeza.
Para 1993 los congresistas[viii], a diferencia de sus antecesores ya con conocimiento de causa sobre la importancia de la logística en las nuevas interacciones del mundo, identificado inclusive como la arteria de la economía global, se limitó a replicar en su artículo 76º la constitución de 1979; sin reparar la existencia del Decreto Ley 22056, vigente desde enero de 1978, que instituyera el Sistema Nacional de Abastecimiento, en las que estaban incluidas las adquisiciones y contrataciones, excepto el de obras públicas, como uno de sus procesos técnicos. Continuando así con el síndrome partigigantista de las contrataciones y adquisiciones, originada en la constitución de 1979.
La Logística y la era de las contrataciones y adquisiciones estatales
El 19 de junio de 1995 el pragmatismo simplista del gobierno de Alberto Fujimori, promulgó la Ley 26507, que disolvía sin alternativa para el desarrollo de la logística pública nacional, al Instituto Nacional de Administración Pública –INAP y con él a la Dirección Nacional de Abastecimiento que era el órgano rector del Sistema de Abastecimiento, instituido por el Decreto Ley 22056.
El 29 de setiembre de 1998, entró en vigencia la ley 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, al haber sido publicado el 28 de setiembre su reglamento aprobado por Decreto Supremo 039-98-PCM. Dicha legislación, excluyó al sistema de abastecimiento del Decreto Ley 22056, sin derogarlo, del proceso de contrataciones y adquisiciones del Estado. De esta manera se inició una nueva etapa para el quehacer logístico público nacional restringido a las contrataciones, con el consiguiente efecto negativo del desarrollo de procesos logísticos tan importantes como la catalogación, el mantenimiento, la logística reversa, el transporte, el almacenamiento con implicaciones inclusive en el mismo proceso de adquisiciones y contrataciones que hasta ahora no ha resuelto sus problemas de planificación y sistematización, fundamentalmente para el tratamiento de los precios referenciales.
La logística y la modernización y descentralización del Estado
El 29 de enero del año 2002, fue promulgada la Ley 27658 –Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado cuyo objeto fue establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias, identificándose a la eficiencia en la utilización de los recursos del Estado como una de sus principales acciones, por el cual debe eliminarse la duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones entre sectores y entidades o entre funcionarios y servidores. Bajo ese contexto y en el marco de la Ley 27680, que reformó el capítulo XIV de la Constitución Política de 1993, se promulgó la ley 27783 -Ley de Bases de la Descentralización con la finalidad de buscar el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población; y con el objeto de regular la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; así como definir las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. Teniendo como objetivo a nivel administrativo[ix] la modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de administración que aseguren la adecuada provisión de los servicios públicos, coincidente con las acciones previstas para la modernización del Estado.
En ese marco los sistemas administrativos, materia de modernización y de observancia obligatoria en todos los niveles de gobierno, según la misma Ley de Bases de la Descentralización[x], eran los referidos a presupuesto, tesorería, contaduría, crédito público, inversión pública, contrataciones y adquisiciones, personal y control. Como puede constatarse, aquí no aparece el sistema de abastecimiento que como el de contrataciones y adquisiciones se encontraba vigente, de lo que puede colegirse que no necesitaba ser modernizada para los fines de la descentralización.
Ahora bien, para los efectos operacionales de la descentralización resultaba indispensable que cada nivel de Gobierno tenga delimitada sus competencias, habiéndose aprobado para cada uno, su correspondiente Ley orgánica. Para el caso del Gobierno Nacional, por sus características especiales, la Ley de Bases de la Descentralización[xi] determinó que sería ejercido por el Poder Ejecutivo y consecuentemente, sus competencias y alcances estarían determinados en su Ley orgánica, que dicho sea de paso sería por la Ley exigida en la segunda disposición transitoria de la Ley Marco de Modernización de la función del Estado. De esta manera, se tiene que la ley orgánica del poder ejecutivo es la ley 29158, de los gobiernos regionales la Ley 27867 y de las municipalidades la ley 27972.
La Logística en los Gobiernos Locales
Por cuestiones didácticas, vamos a iniciar nuestro análisis de la logística pública en la legislación nacional desde el ámbito de los gobiernos locales, específicamente por la Ley 27972 -Ley orgánica de municipalidades. Nos ubicamos, en el segundo párrafo del II Título Preliminar que refiere “La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico” es decir, entre otros, la de observar las disposiciones de los sistemas administrativos previstos en la Ley de Bases de la descentralización, en las cuales, logística pública es el sistema administrativo de contrataciones y adquisiciones.
El primer párrafo del artículo 34º es la norma relacionada con las contrataciones y adquisiciones locales. La norma tiene dos párrafos. El primer párrafo, asimismo, tiene dos partes. La primera parte es congruente con el ordenamiento jurídico, en la medida que establece que éstas se sujetan a la ley de la materia. En tanto que la segunda parte, deviene en contradictoria e inaplicable, dado el carácter uniforme para la república de la Ley especializada sobre la materia[xii], que no ha considerado en ninguna de sus versiones la aspiración legislativa de trato preferencial a las empresas constituidas en la jurisdicción, con excepción del artículo 64º y 70º del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones aprobado por Decreto Supremo 013-2001-PCM con respecto al porcentaje de trabajadores a la oferta de contratar trabajadores entre los residentes de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecución en la contratación de obras publicas. El segundo párrafo, es apenas una replica, innecesaria, de la Ley especializada[xiii], que a la fecha resulta extemporánea y fuera de lugar, desde la vigencia de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1017.
La Logística en los Gobiernos Locales
La Logística en los Gobiernos Regionales
Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, que tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo y cuya misión es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región[xiv]. Que al igual que las municipalidades están obligados de observar las disposiciones de los sistemas administrativos previstos en la Ley de Bases de la descentralización, en las cuales, logística pública es el sistema administrativo de contrataciones y adquisiciones
En ese contexto nos encontramos con el tercer párrafo del Artículo 33º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales[xv] cuyo texto señala, que “la supervisión de los actos de administración o administrativos que ejecuten los gobiernos regionales conforme a los sistemas administrativos nacionales a cargo del gobierno nacional, se regula por las disposiciones legales del sistema correspondiente”. Si se tiene en cuenta el artículo 46º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo el Abastecimiento constituye una de las materias sobre las que debe estar enfocado un sistema administrativo, que al existir: el instituido como tal por el Decreto Ley 22056 y la legislación relacionada a las contrataciones del Estado, se debe entender que ambas tienen incidencia para la supervisión de los actos administrativos y de administración.
En nuestra exploración encontramos también el artículo 35º que determina que “Las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos regionales se sujetan a la Ley de la materia, promoviendo la actividad empresarial regional”, que al igual que para los gobiernos locales tiene una parte concordante con el ordenamiento jurídico y otra al margen de la ley especializada, por las razones antes expuestas.
La Logística en el Gobierno Nacional
Bajo el enfoque moderno de la logística como administración de los flujos de bienes y servicios y de la información asociada que los pone en movimiento que comprende el abastecimiento, la movilización interna y, de ser necesario hacia el exterior de las entidades públicas los bienes y servicios de soporte, materia prima, insumos y finales, la logística pública en el ámbito del Gobierno Nacional, comprendería a la Legislación del Sistema de Abastecimiento instituido por el Decreto ley 22056, a la frondosa legislación de las contrataciones públicas especializadas y excepcionales y la Legislación sobre el Sistema Nacional de Bienes Estatales encabezada por la Ley 29151. La frondosa legislación sobre las contrataciones estatales está comprendido en la actualidad: en el ámbito especializado, por los Decretos Legislativos 1017, 1018 y 1063 y en el ámbito excepcional, por los Decretos de Urgencia 041-2009 y 078-2009, los contratos de préstamo internacional para la ejecución de proyectos diversos en el país y las Leyes especiales otorgadas para las contrataciones en cualesquier ámbito del Gobierno.
La legislación vigente relacionada con el quehacer logístico regula indistintamente y en forma fraccionada diversos aspectos del flujo de bienes y servicios públicos, con el agravante de que el Decreto Ley 22056, fue concebido en los años 70, cuando aún los enfoques de competitividad no estaban sistematizados ni existían las herramientas tecnológicas de la gestión que pudieran posibilitar nuevos aportes para el manejo integrado de los flujos de bienes y servicios en el ámbito publico que paradójicamente, en los últimos años se ha venido orientando hacia una atomización, segregando innecesaria e irracionalmente los procesos logísticos por el prurito tecnicista del control operativo en desmedro de la visión Holistica[xvi] que dicho sea de paso, es una carencia nacional. De manera que aún, cuando se modernizara el sistema de abastecimiento, como muchos vienen reclamando, la perspectiva para la administración de los flujos de bienes y servicios públicos no habría cambiado, en la medida que el abastecimiento no es sinónimo de logística, como muchos lo tienen por entendido[xvii] . No se trata, entonces, de modernizar parcialmente sino de tener una concepción de estado sobre la logística Pública.
Las concepciones tecnicistas carentes de una visión y proyecto de país, que hasta ahora han sido las fuerzas motivadoras de la modernización, son solo esfuerzos y recursos desperdigados, útiles solo para justificar los sueldos de privilegio para maestristas y doctorados de universidades de elite, requeridos como estándar para el manejo de los proyectos financiados por los organismos financieros multilaterales, que a su vez, necesitan realizar sus colocaciones justificados con proyectos oficializados por el activismo, miopía o entreguismo de nuestros gobernantes, cuyo destino serán las de ser elefantes blancos, como los tantos que existen, a lo largo y ancho de nuestra patria. Stephen Covey, ilustra este fenómeno con el hecho de que un ajetreado grupo de productores y administradores, que se encuentran en la selva abriéndose camino, cortando y limpiando la maleza con machetes y escribiendo manuales de política y procedimientos, al escuchar la voz del líder, que subido en el árbol más alto, grita: selva equivocada, a lo que responden: cállate que estamos avanzando. Con la diferencia, que en el caso nuestro, no hemos tenido, ni tenemos aún al líder que seria y responsablemente nos advierta sobre nuestra errada actuación colectiva, de construcción de círculos viciosos.
Propuesta de cambio
El tratamiento para la inclusión, como concepción del Estado, de la logística Pública en el país, pasa necesariamente, por la reforma constitucional del artículo 76º que obliga una Ley expresa para el establecimiento del procedimiento, las excepciones y las responsabilidades sobre procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras. Una concepción logística pública moderna, trae aparejada la necesidad de modificar la concepción integral de la gestión del estado y el gobierno basado en el control orientado a buscar las fallas para acusar antes que propiciar un clima de mejoramiento continuo de la calidad donde los errores pueden ser toleradas en aras de un resultado favorable hacia la generación de valores económicos y sociales crecientes, que se hace posible únicamente mediante un enfoque basado en procesos.
Luego de la reforma constitucional correspondiente se hace preciso para la logística en particular una Ley Marco para la Administración de los Flujos y Recursos Físicos del Estado que posterior a un análisis de procesos podría derivar en otras leyes operadoras organizadas en una secuencia lógica y coordinada que evite duplicidades y superposiciones, cuya organización se sustente fundamentalmente en la generación de valor. Igual tratamiento merecerían los demás sistemas administrativos, hasta hoy insertos en una dinámica de compartimentos estancos proclives a una defensiva, mecanica y rehuyente a responsabilidades.
Notas:
[i] Antonio Jomini, general Suizo al Servicio de Napoleón, Compendio del Arte de la guerra publicado en 1838.
[ii] Michael Porter, Ventaja Competitiva: Creación y Sostenimiento de un Desempeño Superior, Compañía Editorial Continental, México, 1995
[iii] http://www.ciudadanosaldia.org/tallerescad/2007/docs/arequipa_taller_periodistas.pdf. Para mayor ilustración ver Informe Latinobarometro 2005. http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=latinobarometro+2005+CAD&meta=
[iv] Constitución Política de 1993.
[v] Artículo 8º de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización
[vi] Artículo 143º de la Constitución Política del Estado 1979
[vii] Los autores de la Constitución Política de 1979, fueron los integrantes de la Asamblea Constituyente
[viii] Los autores de la Constitución Política de 1993, fueron los integrantes del Congreso Constituyente Democrático.
[ix] Inciso a) del Subtitulo Objetivos a nivel administrativo del artículo 6º -Objetivos de la Ley 27783 –Ley de Bases de la Descentralización
[x] Inciso 10.3 del artículo 10º de la Ley 27783 –Ley de Bases de la Descentralización
[xi] Artículo 25º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
[xii] Desde la ley 16850 hasta el Decreto Legislativo 1017 este carácter por la uniformidad de la concepción centralista no ha sido modificado.
[xiii] En este caso el artículo 3º del TUO de la Ley 26850, aprobado por Decreto Supremo 012-2001-PCM, que se encontraba vigente al promulgarse la Ley orgánica de Municipalidades.
[xiv] Artículos 2º, 4º y 5º de la Ley 27867, Ley de Gobiernos Regionales
[xv] Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
[xvi] Stephen R. Covey en su libro Los siete Hábitos de la gente altamente efectiva distingue la operatividad administrativa de la visión holistica de la forma siguiente: la administración busca la eficiencia en el ascenso por la escalera del éxito; el liderazgo determina si la escalera está o no apoyada en el lugar correcto
[xvii] En la primera parte del Libro Los Flujos de bienes y servicios públicos ¿Abastecimiento y Logística, de mi autoría, se hacen las distinciones entre estos dos términos y otros utilizados en el argot logístico.

No hay comentarios:
Publicar un comentario